Ana María Fernández
Foto: http://www.online-911.com
En la noticia que ha escrito Laura García Tuñón para
sentidog.com, cuenta un caso más de injusticia legal para una pareja de
lesbianas. Aparentemente, sólo parecen existir los casos de discriminación más
notorios, pero escudriñando a fondo el ordenamiento jurídico de los distintos
países, se puede comprobar como se dan respuestas rocambolescas y todas
negativas para el colectivo LGTB, ante situaciones inesperadas.
Éste es el caso que se nos presenta, una mujer encarcelada
que se ve privada de su derecho a cuidar a su hijo en el domicilio porque su
pareja es mujer, y por ese motivo, a ojos del Juez, el niño ya tiene "otra
madre".
El caso se agrava por el hecho de que el bebé de 9 meses se
encuentra alojado en el pabellón para madres de la cárcel argentina de Ezeiza,
esperando por el beneficio de prisión domiciliaria para su madre.
La mujer
encarcelada Ana María Fernández, ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno
de la Ciudad, condenada en la causa por el incendio de Cromañón a 3 años y 6
meses de prisión.
La Procuración Penitenciaria de la Nación es el organismo
que solicita estos beneficios para los presos, y ve en la argumentación del
Tribunal, visos de "trato discriminatorio en razón de la condición sexual
de los cónyuges".
Además insiste en que "una madre unida en
matrimonio con otra mujer no puede tener menos derecho al arresto domiciliario
que el que posee una madre casada con un hombre”, y que “el vínculo
privilegiado entre una madre y su hijo recién nacido no es susceptible de ser
suplido por otro tipo de relación sin afectar la calidad de vida del niño”.
En estos momentos, y tras un largo periplo judicial, la
familia espera ansiosa la decisión del último estadio, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Mientras tanto, para defender su causa, colectivos LGTB
han iniciado una campaña de recogida de firmas y sensibilizar así al poder
judicial.
Tomado de: http://noticias.universogay.com
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