Luego de tres semanas de estudio, el Comité contra la
Tortura de Naciones Unidas falló que la responsabilidad del Vaticano en los
casos de pederastía no se limitan a su territorio y abarcan los abusos
cometidos en terceros países, siempre y cuando la Santa Sede "ejerza
efectivo control" sobre el perpetrador.
La interpretación del Vaticano de que carece de jurisdicción
penal y de responsabilidad por los delitos cometidos por sus sacerdotes en
terceros países "no es congruente" con la Convención Internacional
sobre Prevención de la Tortura, de la que forma parte, concluyó el comité de
diez expertos.
"Nosotros no decimos que el Vaticano es responsable de
todas y cada una de las violaciones cometidas por cualquier cura", expresó
en rueda de prensa la relatora del caso, Felice Gaer. "Pero sí decimos que la Santa Sede ha violado la
Convención en los casos en que fue informada de abusos e ignoró las
acusaciones, y eso, que nosotros sepamos, ha pasado al menos unas cincuenta
veces", agregó, citada por la agencia de noticias EFE.
El comité ya falló varias veces que los casos de violación y
abuso sexual pueden considerarse torturas, un delito que en la mayor parte del
mundo es imprescriptible. "Efectivo control significa que el Vaticano supiera
del caso, fuera informado y no actuara. O fuera informado y ordenase trasladar
al abusador en lugar de castigarlo", explicó Gaer.
"El Estado parte es responsable por los actos y
omisiones de sus funcionarios y otros que actúen oficialmente o en nombre del
Estado. Esta responsabilidad se extiende a las acciones u omisiones de los
funcionarios del Estado parte desplegados en operaciones en el
extranjero", concretó el comité en el informe.
"Decimos que la Santa Sede ha violado la Convención en
los casos en que fue informada de abusos e ignoró las acusaciones". Por primera vez desde que firmó la Convención contra la
Tortura, en 2002, el Vaticano se sometió al escrutinio del Comité los pasados 5
y 6 de mayo.
En aquella ocasión, su representante permanente ante las
Naciones Unidas en Ginebra, Silvano Tomasi, argumentó que, desde el punto de
vista legal, la Convención sólo se puede aplicar a lo que suceda en la Ciudad
del Vaticano y a los funcionarios que trabajan exclusivamente en su territorio.
El Comité no sólo entendió que esta interpretación es
errónea, sino que solicitó al Vaticano que modifique su legislación para que se
adapte a los principios del tratado. "El Comité invita al Estado parte a que revise su
interpretación y que la reinterprete o la retire", demandó.
"Negamos rotundamente la tesis de que la Santa Sede
`sólo` es responsable de lo que pase en las cuatro esquinas de Ciudad del
Vaticano. En los casos donde hay control efectivo de sus funcionarios sí que
son responsables, suceda donde haya sucedido la acción", aclaró Gaer.
La experta recordó que un Estado, en este caso la Santa
Sede, tiene la obligación de evitar que un abuso se cometa, y de investigar lo
sucedido, perseguir a los culpables, suspenderlos en sus funciones y resarcir
a las víctimas. Además, el Comité instó a que se revisen los concordatos del
Vaticano con otros Estados para evitar que estos acuerdos sirvan para ocultar
abusos o proteger a acusados.
El Vaticano agregó que "toma nota y dará la más seria
consideración a estas recomendaciones" de que evite los abusos, los
denuncie si ocurren, aparte a los pederastas e indemnice a las víctimas.
La Iglesia Católica se ha visto sacudida por una cascada de
escándalos de una década de duración por denuncias de abusos cometidos por
sacerdotes en todo el mundo, desde Irlanda hasta Australia.
Cientos de sacerdotes fueron removidos de sus funciones
públicas, pero los críticos dicen que debería hacerse más para enjuiciar a los
abusadores y castigar a los obispos que los encubrieron.
Tomado de: http://www.politicadigital.com.ar/
