Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Como organización defensora y promotora de derechos humanos desde los clamores de las víctimas, el Cofadeh escuchó con atención el reporte de la Comisión oficial de la Verdad y la Reconciliación.
Consideramos que los fragmentos del texto leídos al público causan algunas impresiones mediáticas en apariencia positivas y sorpresivas, que sin embargo nos obligan a ser precavidas.
Definen las características del golpe contra el Ejecutivo reconociéndolo como tal aunque no le llamen tal, y califican de ilegal el criminal período de Micheleti.
Lo irónico es haber tenido que pasar dos años aguardando esa afirmación que todo el mundo, incluyendo la OEA y la ONU, calificaron así desde el principio, mientras las víctimas seguían sumando en las cuentas de los verdugos.
El informe considera el peso que la corrupción tuvo en el desencadenamiento de los hechos y retrata las insuficiencias legales de los poderes judicial y legislativo para actuar contra el Presidente de la República.
Lo lamentable es que ninguna institución, ni la OEA ni la ONU, hicieron uso de sus capacidades prospectivas para prevenir e impedir los acontecimientos y sus secuelas.
Asigna responsabilidad el informe a la OEA por la crispación de los actores locales al enviar observadores a la cuarta urna y revela, inclusive, que hubo dueños de medios de comunicación, periodistas y cercanos colaboradores que presionaron al Presidente Zelaya para que siguiera adelante en la adversidad con la consulta.
Pero rehúye con evidente cobardía siquiera insinuar las responsabilidades de los actores fácticos, oráculos, hacedores de reyes, príncipes de las tinieblas, peters panes y toda la fauna responsable de mover los cordeles del acto violento desde las sombras.
La enorme omisión del informe que capta la ciudadanía y nosotros también es la relativa a las responsabilidades individualizadas en la conspiración contra Zelaya y el pueblo hondureño.
Nos deja el enorme déficit de enfocar a religiosos, políticos, empresarios, militares, policías, diplomáticos y agentes encubiertos, entre otros culpables del golpe y sus beneficios.
No señala la colusión de los poderes del Estado para conspirar contra la institucionalidad previamente debilitada por la corrupción, la impunidad y el crimen organizado.
Reduce las víctimas post golpe a solamente 20 asesinatos selectivos, menospreciando la estadística independiente que eleva las víctimas a muchas decenas, contrastables en informes de la CIDH y de otras dependencias internacionales.
Nos deja la riqueza de una enorme lista de 88 recomendaciones que sugieren, entre líneas, los temas sobre los que esperábamos saber, pero igualmente nos deja la tristeza de depositarlas en las manos de quienes no pueden asumirlas, cumplirlas ni hacer que se cumplan.
Proclamar misión cumplida en un clima que sigue crispado por la incertidumbre que generan las mismas elites que cometieron el golpe no es ético. Ni admisible.
No queremos olvidar ni nos da la gana perdonar, porque los mismos obispos y pastores que bendijeron hoy el informe no han pedido perdón ni respondido por sus apologías a la ilegalidad, al odio y la violencia.
No hay ningún perdón posible en la sociedad hondureña sin la verdad ni la justicia, nada sobre las bases de la impunidad producirá reconciliación.
Trabajemos porque la paz sea fruto de la sanción penal y moral a los criminales golpistas, sin importar si se esconden en uniformes, sotanas o en las sombras.
DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES NI OLVIDO NI PERDON
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
Tegucigalpa 07 de julio 2011
Fuente: http://www.resistenciahonduras.net
