Crear la Corte de Constitucionalidad, evaluar al Ministerio
Público, investigar y sancionar a los responsables del golpe de Estado, anular
la Ley de Amnistía de 2010, retorno de perseguidos políticos y garantizar la
independencia de los jueces, son algunas de las recomendaciones que plantea el
informe de la Comisión de Verdad.
El documento fue presentado por los
miembros de la Comisión de Verdad, los hondureños Fausto Milla y Helen Umaña;
la argentina Nora Cortiñas; la ecuatoriana Elsi Monge; la estadounidense Bacoly
King y la exmagistrada salvadoreña Mirna Perla. Al acto también asistió la
excanciller Patricia Rodas; el ex presidente Manuel Zelaya Rosales; la titular
de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda; y víctimas del golpe de Estado,
entre ellos los padres del asesinado Isi Obed Murillo, David Murillo y su
esposa, Silvia de Murillo.
El contenido del informe se encuentra en 360 páginas y fue
elaborado en base a 1,966 testimonios recibidos sobre 5, 418 violaciones a
derechos humanos. En Honduras se produjo un golpe de Estado cívico-militar que
el 28 de junio de 2009 culmina con el secuestro y posterior exilio del
expresidente José Manuel Zelaya Rosales, afirma el documento.
VIOLACIONES
“A partir del quiebre institucional se constata la
aplicación de una práctica sistemática de acciones y omisiones delictivas que
representan además la trasgresión de derechos humanos y libertades
fundamentales”, señala.
Indica haber constatado la relación existente entre esta
política de violación de hechos civiles y políticos; así como el
fortalecimiento y consolidación de factores de los poderes económicos,
políticos y militar-nacionales y extranjeros.
“Las violaciones de derechos humanos investigados van de la
mano con la violación sistemática y grave de los derechos económicos, sociales
y culturales”, destaca. Establece que las violaciones de derechos humanos en
lugar de atenuarse, más bien va de forma continuada y en agravamiento. A juicio
de la Comisión de Verdad, los efectos del golpe de Estado aún continúan, pues
antes como después de las elecciones realizadas en 2009, ambos gobiernos utilizaron y utilizan
el terror como un recurso de control social.
También señala que después del rompimiento constitucional
han operado escuadrones de la muerte ligados al crimen organizado y a la
narcoactividad.
RESPONSABLES
“La Comisión ha podido constatar que (los escuadrones) son
responsables de las ejecuciones sumarias de actores claves de la resistencia al
golpe de Estado”, subraya. La Comisión se ve en la necesidad de destacar la
casi total ausencia de acciones de parte del Estado tendientes a cumplir con
sus obligaciones de reconocer sus responsabilidades y enjuiciar y sancionar a
los responsables, resalta la investigación.
Asimismo, precisa que los mecanismos de la justicia
constitucional han resultado ineficaces porque los miembros de la Junta de
Comandantes, encabezada por Romeo Orlando Vásquez Velásquez, más bien han sido
exonerados de responsabilidad.
“Existe una política grave y sistemática de negación de los
derechos humanos de las víctimas y de la sociedad entera a la justicia”,
reitera. Los comisionados consideran que es de imperiosa necesidad lograr en
Honduras transformaciones estructurales para que el pueblo pueda asumir el
control de su propio destino. “El peligro que amenaza al pueblo de Honduras no
puede ser desasociado de las estrategias hegemónicas de Estados Unidos”, señala
el informe.
ALGUNAS RECOMENDACIONES.
- Detener las violaciones a los derechos humanos.
- Dignificar a las víctimas y fortalecer la lucha de ellas y de la sociedad.
- Superar las causas coyunturales e históricas de la impunidad.
- Posibilitar el inicio de procesos sobre la base de la verdad, justica y reparación de víctimas.
- Investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado y los violadores.
- Reparar a las víctimas.
- Tomar acciones sobre el esclarecimiento histórico.
- Crear un fondo compensatorio de víctimas.
- Reconocimiento público de la verdad.
- Anulación de la Ley de Amnistía del 27 de enero de 2010.
- Retorno de las y los perseguidos políticos y exiliados por motivo del golpe de Estado.
- Revisión de los contenidos de los programas de enseñanza-a todo nivel-que hagan referencia a los hechos asociados al golpe de Estado.
- Reconfigurar el orden jurídico mediante una reforma integral.
- Reformar la Ley Primaria para establecer la prohibición de facultades interpretativas de la Constitución.
- Crear la Corte de Constitucionalidad.
- Garantizar la independencia de las y los jueces.
- Debe evaluarse el rol del Ministerio Público en cuanto a la persecución del delito.
- Revaluar la Fiscalía de Derechos Humanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario