Derecho a elegir la identidad de género

"En mi familia siempre me vieron como mujer, pero en la escuela me llamaban por mi nombre de varón y por eso abandoné los estudios", nos cuenta Paula Sosa, una travesti que logró cambiarse el nombre en su documento de identidad.

 

El caso de Sosa forma parte de una campaña iniciada en 2010 por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTA) para la rectificación del registro de nombre y sexo para quienes así lo desearan. Pero la campaña, que incluyó el lanzamiento de una guía para comunicadores sobre la mejor información acerca de estos colectivos apunta a una conquista más ambiciosa: la sanción de una ley de identidad de género.
En la campaña trabajan ATTA y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y cuentan con el respaldo de legisladores de varios partidos dispuestos a avanzar en una norma que resguarde estos derechos. En Argentina, como en otros países latinoamericanos, ya había personas que se sometían a intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo y a un largo proceso judicial para conseguir que esas modificaciones se convaliden en el documento. Ahora, de las ocho personas que se presentaron ante la justicia argentina mediante recursos de amparo, tres consiguieron su objetivo en poco más de un mes.


El primer caso fue el de la muy popular artista travesti Florencia de la V, su nombre artístico, que con 35 años figuraba en el documento como Roberto Trinidad. Desde noviembre de 2010 se llama legalmente Florencia Trinidad. “Este documento me dignifica como persona, registra lo que soy y lo que siempre fui”, declaró Florencia de la V poco después de recibir su nueva identidad, que también quedó modificada en su certificado de nacimiento.

Para Marcela Romero, coordinadora de ATTA, fue más difícil y tortuoso el proceso cuando ella lo hizo, hace unos cuantos años. Es transexual, se operó a los 23 años y sólo a los 33 logró tener el documento con su nombre de mujer. A pesar de haberse operado, Romero fue citada muchas veces por la justicia en esos 10 años. Fue examinada por psicólogos, psiquiatras y médicos forenses. “Me revisaron hasta la vagina”, relató Romero a IPS al recordar su experiencia.
La justicia, con el aval de muchos psiquiatras, consideraba el rechazo al propio sexo como un trastorno psicológico al que denominan disforia de género. Pero esta consideración patológica de la identidad de género está ahora en cuestión.
En países europeos como España y Francia, las comunidades trans realizan fuertes campañas para que estas identidades de género dejen de ser consideradas un trastorno mental, como lo fue la homosexualidad hasta hace 20 años, y van camino a lograrlo.
Unas 50 transexuales lograron en las últimas décadas en Argentina el cambio de sexo y documento a fuerza de operarse y de someterse a largos procesos legales para que el juez terminara por otorgarles el nuevo reconocimiento.

Ahora, la jurisprudencia respeta el derecho trans a cambiar nombre y sexo en el documento sin pasar por la intervención quirúrgica ni por las pericias. “Se respeta la identidad de todos y no obligan a nadie a operarse”, sintetizó Romero.

De esta manera Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer la identidad de estas personas mediante un trámite expeditivo y no invasivo de su privacidad.
En Uruguay se aprobó una ley sobre su derecho a la identidad, pero requiere de una presentación ante Juzgados Letrados de Familia y de una evaluación de un equipo multidisciplinario del Registro Civil, a la que se debe someter el o la interesada. “En Colombia sí se permite el cambio de nombre en el documento, pero no el cambio de sexo, mientras que en Brasil están saliendo dictámenes a favor del cambio pero sólo para transexuales, es decir, para quienes se operaron”, precisó Romero.
En Argentina no hay aún una ley que regule los intereses de personas trans como la que fue aprobada en Uruguay, pero sí se venía registrando un clima proclive a la ampliación de derechos hacia las minorías sexuales. En este sentido, el Senado aprobó a mediados de 2010 una nueva ley que permite el matrimonio de personas del mismo sexo, una conquista pionera en la región que había comenzado con una campaña de recursos de amparo ante la justicia.

En el caso de la demanda por la rectificación del nombre y sexo en los documentos, ATTA y la Federación también exigen que se apruebe una ley. De hecho, hay un proyecto en el Congreso legislativo que ya tiene el visto bueno de distintos bloques partidarios. La iniciativa, presentada como Ley de Identidad de Género, busca asegurar el reconocimiento de este colectivo trans mediante el cambio de nombre y sexo en el documento de manera de acceder también a otros derechos.

En los fundamentos del proyecto se señala que la identificación sexual es uno de los aspectos más importantes de la identidad de una persona y que ampara el derecho a no ser discriminado, además del acceso a la salud, a la educación y al mundo laboral formal. Sosa, quien consiguió el cambio de nombre este mes, dice que va a terminar la escuela secundaria que abandonó porque le resultaba muy traumática cuando su identidad era la de un varón. Entonces podrá estudiar odontología, se esperanza.

Mientras tanto se defiende con el oficio de peluquera y está feliz porque el título se lo darán en breve con su nombre de mujer. “En mi familia siempre me apoyaron, pero yo no quería operarme, y ahora tengo mi nuevo documento”, celebra. Según Romero, la vida de una persona trans puede cambiar enormemente con la adecuación del nombre y sexo en su identificación. “Se puede acceder a las políticas públicas, a la ciudadanía”, lo resume en un principio. Después detalla cambios concretos.

“Muchas de las personas trans nunca votaron por no tener que pasar por la situación indignante de hacer fila en la mesa con todos hombres y que les digan cualquier cosa”, ejemplificó.

Las dificultades se dan casi apenas se manifiesta la contradicción entre el sexo biológico y el género. Estas minorías registran un elevado índice de deserción escolar por problemas de integración, lo cual redunda luego en una casi nula inserción en el mundo laboral formal.

Una investigación publicada en 2006 sobre la Situación de la Comunidad Travesti en Argentina reveló que 64 por ciento de miembros de esta población no había terminado la escuela primaria y otro 20 por ciento no había finalizado el secundario.
Frente a la falta de educación y empleo, una gran mayoría vive por debajo de la línea de pobreza sin posibilidades de acceder a la vivienda y a la salud. “No tenemos opciones y muchas terminan en la prostitución que genera mayor persecución, discriminación y marginalidad”, sostuvo Romero.
El informe sostiene que 62 por ciento de estas personas habían fallecido en 2006 a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), 17 por ciento asesinadas y el resto se suicida, son víctimas de accidentes de tránsito, sobredosis de drogas o de mala praxis en operaciones por cambios en el cuerpo sin la debida asepsia.