Por Cynthia Rosales
Rechazo causó entre los grupos pro igualdad el proyecto que estaría estudiando gobierno para permitir las uniones entre personas del mismo sexo. Se trata de un “Acuerdo de Convivencia No Matrimonial”, que si bien permitirá su validación en el Registro Civil, no cambiará el estado civil de los contrayentes. Los pasos del gobierno de Sebastián Piñera son seguidos de cerca por Amnistía Internacional, donde aseguran que Chile no está respetando los tratados internacionales sobre derechos humanos al discriminar a los ciudadanos por su condición sexual.
Así lo manifestó a TERRA.cl la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en nuestro país, Ana Piquer. “No está en línea con los tratados internacionales de derechos humanos el hacer distinciones en razón de orientación sexual o identidad de género en materia de legislación de matrimonio. Por lo tanto, esto de tener un matrimonio que sería sólo para personas heterosexuales, y por otra parte, un contrato que no es matrimonio; que tiene menos derechos involucrados, menos protección para las partes y que estaría abierto para homosexuales y heterosexuales, significaría en sí mismo una discriminación en contra de los homosexuales”, aseveró.
Chile está suscrito a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, -conocida como el Pacto de San José de Costa Rica_ “y todos tienen el principio de no discriminación incorporado en sus artículos”. Por lo tanto, para Piquer, nuestro país no estaría dando las garantías para cumplir con los compromisos pactados.
“El suscribir tratados internacionales de derechos humanos no es simplemente poner la firma. Tiene que ver con hacer realidad el respeto a esos derechos, la legislación interna chilena debiese estar alineada con esos tratados internacionales. Y mientras exista una institución de matrimonio que está vedada para determinadas personas, exclusivamente por su orientación sexual, tenemos una discriminación inserta en nuestro sistema jurídico”, precisó la representante del organismo internacional.
En su análisis, Piquer precisó que, incluso, Chile podría estar faltando a su propia constitución. “Desde ese punto de vista se podría interpretar que sí. Además, la misma constitución, en el artículo quinto, dice que el ejercicio de la soberanía está limitado por los derechos contenidos en los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Lo que le daría garantía constitucional a estos mismos derechos y al principio de la no discriminación”.
En este sentido, criticó a la Iglesia por el rechazo que ha manifestado ante un eventual matrimonio homosexual.
“Los derechos humanos son universales por lo tanto, el respeto a (ellos) debiera ser para todas la personas. Intentar imponer alguna determinada creencia a los demás podría eventualmente entrar en choque con eso”, acotó.
TRIBUNALES FUERA DE CHILE
Citando el caso de la jueza Karen Atala, Ana Piquer no descartó que cualquier ciudadano chileno pueda acudir a tribunales internacionales para exigir su derecho a contraer matrimonio con quien desee. “Hay procedimientos largos que hay que seguir, primero internamente y después a nivel internacional. Ya hay un ejemplo, no a raíz del matrimonio pero sí en un tema de orientación sexual, con el caso de Karen Atala. Queda poco para que se vea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya la comisión hizo una primera interpretación de que en su caso hubo una discriminación por orientación sexual en la designación de la tuición de sus hijas. Ya hay un precedente referido específicamente a Chile”.
En esa línea, el Movimiento de Integración y liberación Homosexual (MOVILH) acudió al Tribunal Constitucional para validar el matrimonio homosexual en base a que todos los chilenos nacemos libres e iguales ante la ley, según precisa el cuerpo legal. El 28 de junio comienzan los alegatos por esta causa.
PRESIÓN INTERNACIONAL
Piquer precisó que lo más probable es que Chile legisle al respecto. “La presión internacional en materia de derechos humanos solo va a ir creciendo. Y estas son obligaciones del Estado, no del gobierno, lo que significa que también pasa por responsabilidades del Congreso, en términos de que la legislación que se dicte esté en línea con los derechos humanos y los tratados ratificados por Chile”.
Fuente: www.amnistia.cl
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