Desde el Golpe de Estado político-militar-religioso del 28 de junio de 2009 a la fecha, se han documentado 37 asesinatos de personas de la diversidad sexual. Las estadísticas previas al golpe de estado, reportaban 10 asesinatos comprendidos desde el año 2000, esto significa que en apenas 19 meses la cifra de muertes es similar a la que se esperaría en 18 años.
Catalogar esta situación como normal (como se expresa en recientes comunicados de la DNIC), cómo producto de rencillas personales o consecuencia de la homofobia generalizada y cultural del hondureño, es una concepción no
fundamentada, irresponsable e ingenua.
Por lo tanto, el MDR alza su voz ante el concierto de naciones, los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y el Pueblo Hondureño, expresando nuestra enorme preocupación por la cantidad de compañeras y compañeros brutalmente asesinados, pero también por la impunidad predominante y la incompetencia manifiesta de los órganos estatales responsables de garantizar la seguridad y el acceso a la justicia para todas y todos los hondureños.
En tal sentido, recalcamos lo siguiente:
La política de represión y de limpieza social implantada por el gobierno de facto de Roberto Micheletti Baín no terminó con la salida de su régimen usurpador. En los 13 meses que han transcurrido desde que Porfirio Lobo heredó la continuación del golpe de estado, se han reportado 14 crímenes contra personas de nuestra comunidad, ninguno de esos asesinatos ha sido investigado a profundidad y mucho menos judicializado.
El pasado 27 de Enero de 2010, Porfirio Lobo desnudó ante la comunidad nacional e internacional la incapacidad e incompetencia de los órganos operadores de justicia del país, al suplicar la “intervención” del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el esclarecimiento de los crímenes contra periodistas y miembros de la comunidad LGTB. No es lógico que la única solución que el régimen se enfoque en ceder la impartición de justicia a gobiernos extranjeros.
Ese mismo día, Lobo declaró que el Departamento de Estado investigará: “los asesinatos de los periodistas o lo que se alega de uno o dos gays que fueron asesinados,” evidenciando su total indiferencia ante estos crímenes.
El examen periódico universal (EPU) al que Honduras se sometió el año pasado, enfatizó la situación de impunidad y de indefensión que vive toda la población. El EPU brindó una serie de recomendaciones en las que se incluía la preocupación particular por el aumento de la violencia y de ejecuciones sumarias y extrajudiciales basadas en la orientación sexual de las personas. Sobre estas recomendaciones, el régimen no ha tomado ninguna medida concreta y seria que demuestre su interés en la prevención de los crímenes de odio o en el fortalecimiento del sistema de justicia para responder a los mismos.
Claro está que la principal meta del régimen de Porfirio Lobo es lograr a toda costa el reconocimiento internacional de su gobierno ilegítimo. En su afán por lograr ese cometido, se ha valido de todo tipo de artimañas y engaños, a través de una campaña mediática, para fingir un acercamiento hipócrita a las organizaciones que velan por los derechos de la comunidad LGTBI en Honduras. Con este acto cínico y desesperado, intenta publicitar y vender una imagen de preocupación por el cumplimiento en materia de derechos humanos, la investigación de estos asesinatos y el procesamiento judicial de las o los responsables; acciones que le permitan justificar una atención inmediata a las recomendaciones hechas por el EPU.
La ambivalencia e hipocresía de Porfirio Lobo no es reciente, se ha podido observar constantes fluctuaciones en sus pensamientos ideológicos que marcan una pauta completamente peligrosa y contradictoria: Remontándonos a su militancia en el comunismo en la década de los 70’s, sus conductas conservadoras ligadas al fascismo en la década pasada (promoviendo la pena de muerte, la criminalización de la juventud y agresiones directas hacia la comunidad LGTBI). Actualmente se cobija bajo el fundamentalismo religioso disfrazado de “humanismo cristiano.”
El régimen de Lobo, a través del Congreso Nacional, demuestra su actitud homofóbica y comprometida con los grupos más conservadores de las Iglesias Católica y Evangélica, al aprobar una Política Nacional de Juventud en la que se elimina toda mención al trabajo en la prevención de la discriminación por orientación sexual; a pesar de que este fue un mandato de la Convención Iberoamericana de Juventud, ratificada por Honduras en el 2009. Estos instrumentos (la política y la Convención) son herramientas que podrían contribuir a prevenir la violencia y los crímenes de odio debido a la orientación sexual de las víctimas.
El régimen continúa aplicando políticas de mano dura y represión frente al problema de la inseguridad y la violencia en el país. En lugar de fortalecer el sistema de justicia y establecer una política integral de seguridad ciudadana centrada en la prevención de la violencia y el delito, está tomando medidas tales como sacar el ejército a las calles para realizar “patrullajes” combinados con la Policía Nacional. Sin embargo, está demostrado que estos cuerpos de seguridad son los principales agresores y violadores de los derechos humanos de la ciudadanía y la comunidad LGTBI.
Por otro lado, también se discute en el Congreso Nacional la adopción de medidas violatorias a las garantías constitucionales como el incremento del tiempo de la detención preventiva; por lo cual se prevé un recrudecimiento en las violaciones a los derechos humanos de nuestra comunidad.
En vista a lo anterior, demandamos urgentemente lo siguiente:
a) El establecimiento de un marco normativo que promueva y proteja los derechos de la diversidad sexual y que prevenga la violencia homofóbica y los crímenes de odio.
b) El esclarecimiento, la investigación y la judicialización inmediata de todos los crímenes de odio que organizaciones de la diversidad sexual han denunciando nacional e internacionalmente.
c) El fortalecimiento del sistema de justicia hondureño, principalmente en lo referente a su independencia, capacidad de respuesta y la atención a la problemática de violencia que vive el país y de manera particular, a la violencia que se manifiesta en los crímenes de odio debido a la orientación sexual de las víctimas.
d) La adopción de medidas reales para contrarrestar la discriminación, violencia, homofobia y prácticas violatorias a los derechos humanos al interior de la Policía y el Ejercito Nacional, realizando una revisión y depuración de las mismas, separando de sus cargos a quienes sean denunciadas o denunciados por violentar los derechos humanos de la ciudadanía y la comunidad LGTBI. Aunado a un proceso de formación y sensibilización de estos organismos para que comprendan y asuman su rol de garantes de los derechos humanos basados en la orientación sexual.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los siete (7) días del mes de Marzo de 2011.
Movimiento de Diversidad Sexual en Resistencia (MDR)
¡Resistimos y Venceremos!
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