201 campesinos, entre ellos mujeres y niños, fueron vejados y lanzados al pozo que surtía de agua la aldea. Los condenados son: Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin y Carlos Carías, ahora en situación de retiro, acusados de "crímenes de lesa humanidad".
Los hechos se remontan a diciembre de 1982, durante el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt, y la matanza está considerada como una de las masacres más feroces de la década en la que la represión militar alcanzó sus más altas cotas de violencia en su combate contra la guerrilla de inspiración marxista.
Los supervivientes cuentan que un pelotón de soldados llegó a la aldea. Separó a las mujeres y los niños de los hombres. A los primeros los asesinaron después de torturarlos. A las mujeres y a los niños los encerraron en la iglesia, desde donde podían oír los gritos de los varones, que solo cesaron con los tiros de gracia.
Posteriormente se llevaron a las mujeres, a quienes violaron con sadismo. Finalmente se llevaron a los niños, a quienes también mataron. Como fosa común utilizaron el pozo de agua que los aldeanos habían excavado para surtirse del líquido. Solo algunos niños logaron sobrevivir.
Los testimonios escuchados a lo largo del juicio permiten reconstruir parte del horror. Flavio Pinzón Jerez, de 57 años, un antiguo kaibil narró, por medio de una videoconferencia desde México, donde se encuentra refugiado, que Manuel Pop Sun -uno de los condenados- se llevó a una niña hasta unos matorrales en las afueras de la aldea, donde abusó de ella sexualmente. "Al cabo de 20 minutos regresó y, tras decapitarla, la lanzó al pozo". En sus declaraciones, el antiguo soldado reveló que el grupo de militares estaba integrado por "aproximadamente 40 elementos".
Según trascendió, la matanza sería parte de la venganza de los militares, que en abril de ese año habían sufrido una emboscada que costó la vida a 21 soldados. Un antiguo comandante de la guerrilla, que pidió omitir su nombre, dijo a EL PAÍS que la acción del ejército los dejó "sumamente sorprendidos", porque siempre consideraron a los habitantes de las Dos Erres como gente conservadora, "más propicios a favorecer al ejército" que al movimiento insurgente. "Nosotros evitábamos, por sistema, pasar por las inmediaciones de la aldea, porque temíamos que nos delataran", puntualizó el excomandante guerrillero.
El juicio a los responsables de la matanza tuvo que esperar 28 años. En primer término, porque hubo que esperar el fin de las dictaduras militares, en 1985, y a la firma de la paz, en diciembre de 1996, para "atreverse" a iniciar un juicio contra los militares. También contribuyeron al retraso las tácticas dilatorias de los abogados de los uniformados.
La condena cayó como una bomba entre los sectores más conservadores de las fuerzas armadas, aglutinados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), quienes han advertido que no permitirán que se les juzgue como a criminales, cuando cumplieron con su deber de defender la legalidad y evitar el "triunfo del comunismo" en Guatemala.
Tomado de: http://avefenix.fullblog.com.ar
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